El año pasado fue noticia que por primera vez tras 24 años se actualizaría la ley de ciber crimen en Chile y nunca se supo más información del tema, en pleno momento crucial de tecnologías.

por: Monserrat Ahumada

Tus datos no están tan protegidos como crees. Chile se unió al Tratado de Budapest cuando Michelle Bachelet firmó un acuerdo el pasado abril de 2017 como parte de la necesaria renovación de políticas de seguridad en Internet que no han sido actualizadas hace mucho tiempo y las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con la promesa no han estado exentas de críticas.

El acuerdo, que existe desde 2001 y al que están suscritos más de 49 estados incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia y Canada, corresponde a un instrumento internacional que provee una serie de normas para que los países adecuen sus legislaciones domesticas a los estándares mundiales de seguridad, lo que también permite establecer comunicaciones fluidas con autoridades de otros países en torno a estos delitos y el desarrollo de una política criminal común frente al ciber-delito.

Para poder ser parte, los países deben considerar un catálogo de delitos más amplio y exhaustivo, que incluya calumnias y difamaciones, amenazas, pornografía infantil, fraude informático, instigación, extorsión y daño informático, entre otros. Para cumplir esto, hasta ahora solo se han presentado tres propuestas, una reforma a la Ley de protección de vida privada y dos modificaciones al código penal, una que suma penas en torno al delito de daño informático y otra de usurpación de identidad. Todas se encuentran aún en primer tramite institucional.

Sin embargo, ha sido criticado que el proyecto de ley no aborda la creación de una autoridad de supervisión y control en la materia, no considera de manera eficaz las normas relativas a los sistemas de flujo transfronterizo de datos, y no ahonda en otras temáticas relacionadas al mal uso de información personal por estar incluidas en otras leyes, pero de manera distinta o deficiente, como la difusión de imágenes sexuales o bullying. Además, se cree que estas modificaciones son insuficientes para alcanzar el estándar que presente el Convenio de Budapest.

La única noticia reciente es que hace tres días se anunció que el ejecutivo anunció una indicación sustitutiva para que la Agencia de Protección de Datos sea el Consejo para la Transparencia, lo que sí constituye un avance sustancial.

¿Que delitos creen ustedes que debiesen ser considerados en una nueva normativa?

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